Les debemos a nuestros ciudadanos discapacitados brindarles atención y tratamiento. Cuando alguien es vulnerable, ya sea por edad o discapacidad, el estado debe ser responsable de su cuidado cuando está bajo tutela del estado.
Una joven vivía en un hogar grupal administrado por el estado porque tenía una discapacidad de desarrollo. Mientras estuvo allí, un miembro del personal la maltrató y sus necesidades médicas fueron desatendidas. Como resultado, requirió atención médica adicional. Se obtuvo un acuerdo confidencial por John Elliott Leighton por 300.000 dólares.
Esta recuperación ayudó a esta mujer y permitió el tratamiento privado y también creó un elemento disuasorio para que esta instalación continuara tratando a los residentes discapacitados de esa manera. Sólo a través del sistema de justicia civil podremos ver cambios en la forma en que las organizaciones brindan atención y tratamiento.
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